Más de 81,000 estudiantes necesitan completar sus estudios en un centro de trabajo, lo que hace que el país requiera un marco general para ello
Por: CATHERINE PIÑA
La idea de que los estudiantes de nuestros sistemas de educación y formación realicen prácticas formativas en áreas de trabajo no es solo buena, es nuestra mejor opción para incidir en que los egresados tengan acceso a un empleo, en muchos casos a un primer empleo. Esta experiencia fortalece el currículo de los estudiantes que la obtienen, a la vez que acerca a los sectores educativo y productivo, lo que facilita que, juntos, asuman el reto de desarrollar en las personas las competencias para insertarse en el mundo laboral y crecer en un empleo.
La cantidad de estudiantes en nuestro país que cada año requiere una experiencia en el ambiente laboral como requisito indispensable para graduarse de su programa de educación o formación, es de aproximadamente 80,000 entre egresados de politécnicos, modalidad de artes en secundaria y aquellos que obtienen un título técnico del INFOTEP, graduandos de técnico superior y algunos títulos de grado universitario que así lo requieren.
A pesar de que los tres sistemas de educación y formación prevén la colocación de estudiantes en espacios formativos en centros de trabajo, hasta ahora el país no cuenta con un marco general que norme las prácticas formativas (reguladas por MINERD, MESCyT e INFOTEP) y que provea claridad a todos los actores sobre sus deberes y derechos. Esto contribuye a que haya una gran confusión sobre cuál es el papel de cada quien y qué riesgos corre al asumirlo.
Hace unos meses, desde la organización para la que laboro, escalamos al Ministerio de Trabajo nuestra preocupación sobre cómo la actual debilidad normativa afecta la apertura de las empresas para recibir a los jóvenes de los politécnicos; en respuesta, el Ministerio ha desarrollado una propuesta de resolución que hoy se encuentra en proceso de consulta abierta y que abarca todos los niveles de formación y educación.
La resolución es explícita en que las pasantías y prácticas formativas de los estudiantes del sistema de educación y formación de la República Dominicana no generan un vínculo laboral entre la empresa y los estudiantes que requieren esta experiencia para completar sus programas de educación o formación, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos.
Creo que la propuesta del Ministerio de Trabajo es la zapata de lo que debe consolidarse como un Sistema Dominicano de Prácticas Formativas y desde el cual se impulsen los esfuerzos de vinculación que permitan incorporar sistemáticamente al sector productivo en la actividad de formar personas para el empleo. El mismo debe ser diseñado de forma articulada entre los tres organismos reguladores de la educación y formación y cualquier otro organismo pertinente, para acoger y servir a todos los niveles educativos.
Sobre los retos y la propuesta de valor de dicho sistema, prometo hablar más en detalle en nuestro próximo artículo
